La apertura a la competencia de los seguros de Riesgos del Trabajo (RT) y el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) está a la vuelta de la esquina, y sin embargo, persisten vacíos sobre cómo debería operar este mercado, una vez que pase a manos de varias compañías. Quizás el caso más complejo sea el del RT, puesto que las autoridades supervisoras parten del hecho de que se trata de un seguro social, obligatorio y con cobertura universal.

Dicho seguro está regido por el Código de Trabajo, por eso en estos momentos el área legal de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) analiza si será necesaria una reforma a dicho instrumento jurídico. Javier Cascante, superintendente de Seguros, afirmó que los abogados de la institución analizan si con la Ley Reguladora del Mercado de Seguros es suficiente para que los compromisos suscritos en el Cafta en materia de seguros empaten con lo que reza la legislación laboral del país.

“El tema es que el Código de Trabajo hace alusión solo al INS –Instituto Nacional de Seguros– como proveedor del servicio, entonces tenemos que ver cómo hacer que otros participantes ofrezcan el seguro”, comentó. Empero, hay más embrollo.

Las aseguradoras que ingresen a la competencia no están obligadas a ofrecer pólizas de riesgo para todo el espectro de actividades laborales que existe en el país. ¿Qué pasa si el trabajador se desempeña en una actividad para la cual no hay una póliza? “Por eso, uno de los aspectos importantes que hay que definir es quién atenderá a las personas que carecen de seguro, sea porque no existe la póliza o porque simplemente no estaban aseguradas”, agregó Cascante.

El jerarca recalcó que la prestación de esta cobertura, por ley, le toca al INS. Añadió que en el Código de Trabajo no dice que dicha institución lo dejará de hacer ni el Cafta estipula que dejará de ser universal.

Cobrar por el riesgo.

Así las cosas, el INS tendría que brindar el servicio de aseguramiento a todo el espectro de trabajadores, indiferentemente de la actividad laboral y riesgo que esta conlleve. ¿Mal negocio?

De acuerdo con Cascante, todo riesgo tiene su retorno, así que si el INS va a brindar coberturas para actividades con alta siniestralidad debería cobrar por ello. “Más que un tema de que sea mal negocio o no, es un aspecto técnico donde la tarifa esté medida en función de la siniestralidad, algo en lo que han avanzado”, concluyó Cascante. Sugese espera tener a inicios de julio un documento preliminar que aclare muchas de las preguntas, incluida si será necesario reformar el Código.

Por su lado, Esteban Carranza, abogado especialista en seguros del Bufete Arias y Muñoz, opina que para ambos seguros solidarios es necesario hacer reformas legales, tanto al Código de Trabajo (para el RT) como la Ley de tránsito por vías públicas terrestres (en el caso del SOA).

“La justificación principal reside en que ambas leyes otorgan una dualidad de funciones al INS, el cual aparece como asegurador, como regulador y administrador de los seguros solidarios”, aseveró Carranza. Criterio distinto sostiene Neftalí Garro, abogado en la práctica de seguros del Bufete BLP, pues según él, con la Ley reguladora del Mercado de Seguros se logran varias cosas importantes y suficientes para habilitar la competencia en materia de seguros obligatorios.

Agregó que se establece que la apertura de estos seguros será el 1° de enero del 2011, que Sugese podrá autorizar a nuevos participantes para que ofrezcan el RT y SOA, y fijará las tarifas. “Cualquier otra disposición legal, ya sea del Código de Trabajo o de laLey de tránsito , que no calce plenamente con el espíritu de la apertura, se debe entender derogada tácitamente”, aseguró Garro.

En medio de esta diferencia de criterios, ambos abogados e, incluso, la Superintendencia, están de acuerdo en una cosa: será necesario crear algunos reglamentos extra para lograr que la ruptura del monopolio transite del dicho al hecho.

Organizar la recaudación.

En cuanto al SOA, el camino parece estar un poco más despejado, si bien existen puntos que también deben ser aclarados. Uno de ellos es el cobro del seguro, pues en la actualidad su facturación se hace con el pago del marchamo, es decir, junto con otra serie de cargos e impuestos.

“Es muy probable que sea necesario que los emisores del marchamo y recaudadores de las primas (usualmente bancos) preparen ciertas plataformas tecnológicas, a raíz del cambio”, mencionó Carranza. Otro aspecto que habría que dirimir es si se permitirá que dicha póliza se venda con otros seguros adheridos.

Cascante recordó que la legislación de seguros permite que todas estas precisiones se puedan hacer a través de reglamentos emitidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Hay bastante camino que andar y poco tiempo. El consuelo puede ser que las aseguradoras apenas comienzan a llegar al país y las que ya están inscritas, tienen más interés que planes.

Solo el RT recaudaría en el 2010 cerca de ¢84.151 millones ($155,8 millones al tipo de cambio actual), casi 1,5 veces el tamaño del mercado de seguros de Nicaragua. “Mapfre Costa Rica podría estar interesado en incursionar en seguros solidarios. Por ahora, estamos evaluando lo que ha hecho Mapfre en otros países”, manifestó Angelic Lizano, vicepresidente comercial.

En Alico Costa Rica y Assa se está evaluando la conveniencia de poner un pie en ese negocio, sin llegar a nada concreto. El RT es un seguro al costo. Sugese se cerciorará de que cada compañía presente una nota técnica donde se cobre por el riesgo de cada ocupación (prima pura), más gastos comerciales.

Así las cosas, la competencia estará dada por la eficiencia de cada aseguradora y el precio a pagar por el cliente será en función de los riesgos individuales, sin que unas actividades económicas subsidien a otras.