Las instituciones públicas que posean contratos con los seguros privados tendrán un lapso de cinco años para migrar a las aseguradoras del Estado venezolano, como Previsora y Horizontes, en función de fortalecer y potenciar el Sistema Público Nacional de Salud y garantizar al pueblo plena gratuidad en salud.

El mandato está contemplado en la disposición transitoria de "Migración en el sector Público a beneficiarios de seguros privados" del proyecto de Ley de la Actividad Aseguradora, aprobado en segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN), por lo que sólo está pendiente su promulgación.

Tal disposición, la octava, refiere que “dentro de los primeros cinco años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los órganos y entes de la administración pública nacional, estadal y municipal promoverán, planificarán, programarán y ejecutarán los procesos de migración de los funcionarios, empleados y obreros bajo su dependencia, amparados por seguros que tengan por origen el empleo público, a las aseguradoras públicas y al Sistema Público Nacional de Salud”.

Al respecto, el diputado Simón Escalona, vicepresidente de la Comisión permanente de Finanzas del Parlamento venezolano, explicó que este planteamiento responde a la necesidad nacional de lograr a corto o mediano plazo un sistema público 100% gratuito. En ese sentido, aclaró que, en función de ello, se otorga el alcance de transitoriedad de cinco años, expresado claramente en el proyecto de ley.

Asimismo, consideró que el instrumento jurídico se orienta al fortalecimiento del Estado, mediante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, la cual, además de regular y supervisar el funcionamiento de las empresas de seguros, mejora los mecanismos para potenciar al mismo sector en el área pública. Escalona reiteró que el Estado venezolano garantiza la salud pública, pero también protege los derechos de todo ciudadano que, por deseo y disposición voluntaria, quiera optar a un seguro privado.

Por lo tanto, entre los alcances de esta nueva norma, la cual de ser promulgada derogará a la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, destaca el proceso de democratización que deberán hacer las empresas de seguros de abrir sus pólizas a sectores que anteriormente estaban excluidos.

Por ejemplo, mencionó el diputado, está el caso de los adultos mayores, quienes con esta nueva ley tendrán la posibilidad de optar, si desean mantener un seguro privado, a pólizas especiales de hospitalización, cirugía y maternidad, cuyas unidades tributarias oscilan en no más de 25.